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Vista aérea de la pizarrera sin restaurar y escombrera de Boya

Ecologistas Zamora y Zamora Viva cuestionan la adecuación, como zona de baño y esparcimiento, de la pizarrera ubicada en San Vicente de la Cabeza y exigen la restauración de las minas abandonadas en Aliste.

Los graves impactos de estas infraestructuras siguen latentes y adecuar una mina como zona de esparcimiento, es aceptar la ausencia de restauración.

Desde 1969 y durante varias décadas, la pizarra de varias localidades de la comarca de Aliste fue objeto de interés por diferentes empresas mineras. Tras la explotación de las canteras de Flechas, Mahíde, Boya o San Vicente de la Cabeza, el proceso se repitió y todas ellas se abandonaron sin la obligada restauración que debía haber exigido la Junta de Castilla y León. Las empresas, en un contexto de supuesta quiebra y escudándose con sociedades pantalla de escaso capital, cerraron estas industrias con el claro consentimiento de la administración regional, que permitió el abandono de estas minas sin restaurar y consintió que, sus enormes impactos ambientales y paisajísticos, sigan latentes actualmente.

De esa manera, tras la explotación, quedaron abandonadas naves y otras infraestructuras asociadas al corte de la pizarra así como grandes escombreras de materiales apilados y diseminados en las laderas cercanas donde la vegetación espontánea sigue sin colonizar después de décadas. Pero, de especial gravedad, es que los pozos donde se extrajo el material siguen generando un desmedido impacto visual y es constante la evaporación de las capas freáticas subterráneas, las cuales afloran tras ser rotas durante la explotación. Además, es latente el riesgo de accidentes de vehículos o personas que pueden acercarse a los taludes de las minas, cuyo perímetro está insuficientemente cerrado, y de hecho, el acceso a las balsas está cortado por piedras grandes que se pueden sortear a pie.

Aunque hasta cierto punto podemos entender la iniciativa del ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza de adecuar la mina ubicada en su término municipal como motor de desarrollo rural, también cuestionamos la viabilidad del proyecto. Por un lado, aceptar la situación actual de destrucción del paisaje debido al abandono de estas canteras es, como poco, incongruente e irresponsable. Si después de que las empresas mineras exploten nuestro patrimonio y además, abandonen las minas dejando el terreno sin restaurar, atraemos a bañistas a estos puntos, estamos blanqueando una situación muy grave. Esto sin contar que muchas de las lagunas que fueron resultado de una explotación minera no son aptas para el baño debido al alto contenido de elementos peligrosos en suspensión.

Por todos estos motivos, exigimos a los ayuntamientos y a la Junta de Castilla y León que, mediante Next Generation o bien, a través de la recién aprobada Ley de Restauración de la Biodiversidad de los ecosistemas europeos, soliciten fondos para restaurar las minas alistanas que han quedado abandonadas. Recordemos que Ley de Restauración de la Naturaleza pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Y en este contexto, restaurar las minas de Aliste resulta prioritario, más cuando están incluidas en Red Natura 2000 o en la misma Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica.

Arba, Zamora Viva y Ecologistas Zamora en contra de la planta de biomasa de la Robla por considerar que el proyecto modificaría sustancialmente los usos agrícolas y que sus emisiones podrían afectar a la salud de la población.

Las tres asociaciones han presentado alegaciones conjuntas, en las que defienden que la la utilización de combustibles vegetales tiene como consecuencia variar sustancialmente los usos agrícolas, subrayando que la planta emitirá grandes cantidades de CO2 no computadas en el proyecto además de otros peligrosos gases perjudiciales para la salud, y no aportando una captura de carbono que pueda influir de ninguna manera en la lucha contra el cambio climático.

En relación a los cambios de uso agrícola, la consecuencia más grave consiste en potenciar indirectamente los monocultivos, como es el caso del maíz, para generar subproductos para la incineración, lo cual implica una pérdida de biodiversidad y la reducción de otro tipo de cultivos, además de la destrucción del medio natural de miles de plantas, flores, insectos y buena parte del ganado menor, además de potenciar el consumo de agua, dentro de un contexto en el que se espera que disminuyan las precipitaciones entre un 5% y 7% en los próximos años, por culpa del cambio climático.
En relación a las emisiones de CO2 no computadas en el proyecto, la planta producirá 408.000 toneladas de CO2 al año, de las cuales 100.000 serán utilizadas para la producción de metanol, con unos costes de producción y de emisiones significativamente más altos que mediante gas natural o carbón, por lo que de ninguna forma podemos decir que se trata de una producción ni sostenible ni renovable, por más que la legislación vigente considere estas emisiones no computables a efectos de gas de efecto invernadero.
De hecho, se está produciendo una sustitución de las centrales de carbón por otras de biomasa porque supuestamente las primeras provocaban mayores emisiones de GEI y producían mayores niveles de contaminantes, sin embargo la evidencia científica más reciente cuestiona este supuesto. Las centrales de biomasa emiten un 150% más de CO2 que las de carbón, y entre el 300 y el 400% del CO2 que las de gas natural. Y por si fuera poco, suponen una carga combinada para la salud pública (mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular) superior a la de las centrales eléctricas de carbón, e incluso más efectos tóxicos que las emisiones del tráfico rodado de las grandes ciudades. La propia UE reconoce más de 1.300 muertes al año están relacionadas con la contaminación del aire procedente de 27 centrales eléctricas que queman biomasa en la UE.
La incineración de biomasa herbácea, que puede contener restos de plaguicidas, puede incrementar significativamente la producción de dioxinas y otros elementos tóxicos. En el caso de la incineración de caña de soja, las concentraciones de NOx y CH4 son más altas que cuando se incineran combustibles tradicionales. Todo esto sin tener en cuenta el tráfico pesado, y las consiguientes emisiones, que supondrá el transporte de la materia prima a la central.
Ante este escenario, las tres asociaciones denuncian que bajo el amparo de ayudas europeas se están construyendo infraestructuras económicamente costosas, dentro de un contexto de sobreproducción eléctrica, y que tienen riesgos para la salud pública, además de potenciar la industria de los combustibles fósiles y las actividades industriales intensivas en carbono, cuando lo urgente, según el propio Secretario General de la ONU, sería reducir realmente las emisiones y avanzar en el abandono de los combustibles fósiles para acelerar una verdadera transición energética.
Para Arba, Zamora Viva y Ecologistas Zamora, las políticas públicas deberían centrarse en la reducción del consumo y en el incremento de las masas forestales autóctonas como mejor método para secuestrar el carbono, de importancia fundamental para nosotros y para las generaciones futuras.