La emergencia cinegética declarada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de C y L, que afecta a trece municipios de la provincia de Zamora y que autoriza la caza de un total de 223 ciervas, constituye, para Ecologistas Zamora, una medida alarmista y sin rigor que no se basa en datos avalados por un censo poblacional ni tampoco por estudios científicos sobre la evolución de las poblaciones de ciervos en la Sierra de la Culebra.
El impacto real en la regeneración de la vegetación que se ha producido en la sierra después de los incendios tampoco ha sido evaluado o dado a conocer públicamente, al igual que hay una ausencia total de información contrastada sobre los daños en los cultivos.
Los únicos datos disponibles a día de hoy son las valoraciones realizadas en la Sierra de la Culebra por parte de la guardería (celadores y agentes medioambientales) que estiman la población de ciervos en torno a 1.700-1800 ejemplares, y que consideran estable.
Por tanto, esta declaración de emergencia de la Junta es, una vez más, un intento de respuesta de carácter electoralista, derivada de las presiones de los sindicatos agrarios que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se quejan de los daños que puedan ocasionar estos ungulados en los cultivos. Pero en realidad es solo una forma de crear confusión y mantener la apariencia de que se toman decisiones, aunque sin conocer ni el alcance real de los daños en los cultivos ni los censos de hembras de ciervo implicadas en el proceso.
Para Ecologistas Zamora se trata de una medida acientífica y peligrosa, ya que además deja en suspense la crianza y supervivencia de los cervatos que en estos momentos y durante al menos el primer año son absolutamente dependientes de las madres que ahora se pretenden cazar. Por otra parte, esta declaración de emergencia cinegética entra en contradicción con la decisión promovida por la Junta de Castilla y León de permitir en breve la caza del lobo, que precisamente constituye la herramienta natural de control numérico y sanitario de las poblaciones de ciervos, cuya salud favorece. No tiene sentido por tanto que, en el hipotético caso de que los ciervos constituyeran un problema real, se intente acabar con sus depredadores naturales.
En definitiva, la Junta de Castilla y León pone en evidencia una vez más su clara dejación de funciones como responsables del Medio Ambiente al permitir que la gestión de la biodiversidad quede en manos de las opiniones de los sindicatos agrarios.
En este sentido, Ecologistas Zamora recuerda que la PAC establece para los beneficiarios obligaciones medioambientales, entre las que se encuentran «la prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios», «regímenes en favor del clima y el medio ambiente», «compromisos medioambientales y climáticos» o «forestación y creación de superficies forestales», requisitos que también ellos deben cumplir para acceder a las ayudas europeas y que implican un mantenimiento de los ecosistemas de manera integral y no solo en beneficio propio.
En resumen, esta emergencia cinegética no solo no obedece a informes rigurosos sobre la afección real de los ungulados silvestres en los cultivos de los pueblos perjudicados de la Sierra de la Culebra o los cercanos a ella, sino que cuando finalice el plazo previsto de la misma, tampoco es previsible que cuente con datos reales sobre la incidencia real de tal medida, habida cuenta de que en realidad los cazadores no suelen estar interesados en las hembras como piezas cinegéticas, sino más bien por los machos y sus cuernas.
El proyecto afectaría a los términos municipales de Espadañedo y AsturianosRosinos de la Requejada.
La asociación ha solicitado además a los ayuntamientos de estos municipiosque se adhieran a las alegaciones presentadas. Y de igual forma se hasolicitado a otros cercanos como el de Puebla de Sanabria o Muelas de losCaballeros así como a la Diputación Provincial.
En las alegaciones, la asociación expone que los trece aerogeneradores proyectados, ubicados sobre varios cerros y con una altura superior a 220 metros de altura generarían impactos como saturación visual y “cerco a los residentes” ya que rodearían a Villarejo de la Sierra y quedarían muy cercanos a Carbajalinos (con dos aerogeneradores a un kilómetro del casco urbano), Carbajales de la Encomienda (con un aerogenerador a un kilómetro del núcleo urbano), Monterrubio, Gusandanos, Utrera de la Encomienda, Letrillas, Espadañedo, Faramontanos de la Sierra y Vega del Castillo.
Como consecuencia de los efectos electromagnéticos y los infrasonidos,existirían daños en la salud de la población, del ganado y de la apicultura, provocando, previsiblemente, una devaluación de las propiedades y un aumento de la despoblación.
Según Ecologistas, este polígono eólico se sumaría a otro fotovoltaico (ya aprobado en terrenos de Asturianos) y representa de forma conjunta, un caso de fragmentación para facilitar la aprobación de ambos, pero sin tener en cuentalos impactos sinérgicos y acumulativos conjuntos; de hecho, ambos proyectos compartirían línea de evacuación, subestación y área de instalación. Esta situaciónrepresenta un fraude de ley evidente.
Los terrenos donde se plantea el polígono eólico también gozan de la clasificación de bienes comunales y, por lo tanto, son inalienables, característica recogida en el artículo 132.1 de la Constitución Española. Esta situación implica que un bien no puede enajenarse mientras está afectado a un uso o aprovechamiento comunal; aunque las parcelas donde se pretende instalar el eólico son usadasactualmente por ganaderos y apicultores locales, no ha habidodesafectación.
En este sentido cabe observar que salvo en algunos supuestos, la desafectación o el uso de los comunales para fines ajenos al disfrute común debe realizarse mediante procedimientos en los que la voluntad vecinal se manifieste con claridad y deben ser aprobados por la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial en competencias transferidas. Pero estos supuestos no se han realizado, pues nisiquiera existe información al respecto en el tablón de anuncios de losayuntamientos para informar a los vecinos.
Respecto al fotovoltaico ya mencionado, existen claras irregularidades asociadas a su aprobación, también realizada en terrenos de uso comunal sin que se haya producido desafectación ni se hayan solicitado las autorizaciones pertinentes. De hecho, sobre esta instalación se ha solicitado investigación a la Fiscalía y se ha solicitado al Ministerio la nulidad de la misma.
Además, la zona donde se pretende instalar este polígono energético está dentrodel área de distribución actual del oso pardo (una especie en Peligro de Extinción según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) y alberga registros confirmados de su presencia desde 2013. Además de oso pardo, en la zona se han detectado un total de 126 especies de aves (95 reproductoras), 38de mamíferos y al menos 15 de reptiles.
Por otra parte, la instalación de un polígono eólico en los términos municipales de Rosinos de la Requejada, Espadañedo y Asturianos, no es coherente con unmodelo de transición energética justa ambiental y socialmente. Además, la ubicación del proyecto está en una zona de alta sensibilidad para la energíaeólica y, por tanto, no recomendable, por el MITERD.
Advertir, en este sentido, que este proyecto no cumple con los requisitosestablecidos por la Directiva Europea de Energías Renovables (REED III,Directiva (UE) 2023/2413) que exige a los Estados miembros designar «zonas de aceleración renovable» (ZAR) para facilitar la expansión de estas energías, pero evitando un detrimento de la integridad ambiental y territorial. Una zonificación que a día de hoy no existe.
El proyecto es contrario al Convenio Europeo del Paisaje (CEP), un tratado internacional auspiciado por el Consejo de Europa que tiene como objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes en Europa. España ratificó el convenio en 2007. El polígono eólico no solo será visible en un radioque alcanzaría varias decenas de kilómetros a la redonda sino que implicatambién afecciones graves en el paisaje en todo el cinturón montañoso delnoroccidente zamorano
Por si fuera poco todo esto, el proyecto está parcialmente incluido dentro de laReserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica y, su construcción, generaría una incompatibilidad de usos y de conservación de este espacio declarado por la UNESCO. Todo esto sin tener en cuenta que los valores naturales de tres espacios RedNatura se verían afectados gravemente por la instalación de este proyecto,que son colindantes: a 166 metros al norte de un aerogenerador se encuentra la ZEPA Sierra de la Cabrera (ES4130024), a 43 metros al norte de otro se encuentra la ZEC Sierra de la Cabrera (ES4190110) y a 3,69 km de otro aerogenerador se encuentra la ZEC Riberas del Río Tera y afluentes (ES4190067).
Por último señalar que el proyecto contempla 13 circuitos subterráneos deevacuación a 30 kV con una longitud total superior a 69 km que atraviesan zonas de alto valor ambiental y social en los términos municipales de Rosinos de laRequejada, Espadañedo y Asturianos y que afectan a montes de utilidad pública (MUP) como “Laderas del Pando” y “Montelosa”, “La Cuesta, Fonterán, Peñanegra y agregados” y “Pilo y Uña”. Estos espacios son clave para la regulación hídrica yconservación del suelo.
16 colectivos zamoranos, leoneses y del ámbito de la Cordillera Cantábrica con el apoyo de otros, denuncian los impactos de un proyecto que pretende instalar trece aerogeneradores -de más de 220 metros- en la cercanía de varios pueblos y en una de las áreas mejor conservadas de la provincia, donde incluso, está confirmada la presencia de oso pardo. Además, la instalación dificultaría el despliegue de medios de extinción aéreos en caso de incendios forestales.
Los 16 colectivos firmantes alertan de los graves impactos ambientales y paisajísticos si se lleva a cabo el proyecto eólico que la empresa Solaria pretende instalar en La Carballeda-Sanabria, un área con enorme biodiversidad, con presencia de oso pardo y con enorme potencial para la recuperación de esta especie en Peligro de Extinción. El desarrollo del proyecto, en los términos municipales de Rosinos de la Requejada, Espadañedo y Asturianos, hipotecaría la biodiversidad y el paisaje de la zona y no es coherente con un modelo de transición energética justa desde el punto de vista ambiental y social.
Para las asociaciones firmantes, los trece aerogeneradores proyectados sobre varios cerros y con una altura superior a 220 metros de altura, supondrían por un lado, una “invasión” para varias localidades; de hecho, rodearían -literalmente- a Villarejo de la Sierra y quedarían muy cercanos a Carbajalinos (con dos aerogeneradores a un kilómetro del casco urbano), Carbajales de la Encomienda (con un aerogenerador a un kilómetro del núcleo urbano), Monterrubio, Gusandanos, Utrera de la Encomienda, Letrillas, Espadañedo, Faramontanos de la Sierra y Vega del Castillo. Este polígono, ubicado en cerros con altitudes superiores a 1200 metros, sería visible desde decenas de kilómetros a la redonda y, de hecho, implicaría afecciones graves en el paisaje desde todo el cinturón montañoso del noroccidente zamorano (Sierra de la Culebra, Sierra de la Cabrera, Sierra de la Segundera, Sierra de la Gamoneda y Sierra de la Atalaya) y también, desde las comarcas de Los Valles o desde gran parte de La Carballeda.
La zona donde se pretende instalar este polígono energético está dentro del área de distribución actual del oso pardo (una especie en Peligro de Extinción según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) y alberga registros confirmados de su presencia en 2013, 2020 y 2025; de hecho, a principios de mayo, un ejemplar ha sido detectado en diferentes puntos de las localidades de Vega del Castillo, Faramontanos de la Sierra y Espadañedo, todas ellas afectadas por el eólico. La presencia de ejemplares dispersantes a esta zona y especialmente en la parte leonesa limítrofe -donde se concentran numerosos registros en la última década- supone probablemente, la fase previa a la formación de una población estable y reproductora por lo que, la instalación de industrias eólicas hipotecaría el hábitat y la tranquilidad que necesita esta especie. Siguiendo los objetivos de la Estrategia de Recuperación del Oso pardo en la Cordillera Cantábrica y también, del Plan de Recuperación del Oso pardo en Castilla y León, entre otros favorecer la expansión de la especie o aumentar el tamaño de población, resulta necesario fomentar medidas para restaurar hábitats o mejorar su calidad, procesos incompatibles con el establecimiento de eólicos.
Además de la presencia confirmada de oso pardo, en la zona se han detectado 126 especies de aves (95 reproductoras), 38 de mamíferos y al menos 15 de reptiles. La presencia de milano real (otra especie “en Peligro de Extinción”) especialmente durante los meses invernales cuando el entorno recibe numerosos invernantes, también podría desembocar en un goteo de accidentes por colisión con los aerogeneradores. Otras dos especies presentes en la zona, que se podrían ver afectadas en alguna de las fases de construcción o durante el propio funcionamiento del proyecto eólico y que también están en el CNEA son el desmán ibérico (en peligro de extinción) y el colirrojo real (vulnerable). Igualmente, la instalación de este polígono eólico afectaría a las poblaciones locales de murciélagos. Como invertebrados, en las riberas de la zona también hay que destacar la presencia de náyades (Margaritifera margaritifera).
Las obras de limpieza y desbroce de las parcelas, movimiento de tierras, viales de acceso, drenajes, plataformas de montaje, cimentación de aerogeneradores y de las torres meteorológicas, derivadas de las canalizaciones de las líneas de evacuación y la propia infraestructura eléctrica del polígono eólico, representan más impactos añadidos a la zona. El proyecto contempla 13 circuitos subterráneos de evacuación a 30 kV con una longitud total superior a 69 km que atraviesan zonas de alto valor ambiental y social en los términos municipales de Rosinos de la Requejada, Espadañedo y Asturianos y que afectan a montes de utilidad pública (MUP). Además, los nuevos y mejores accesos asociadas a estas infraestructuras, el tráfico durante la construcción y mantenimiento y, con posterioridad, los vehículos de recreo, caza, ocio y asociados a otras actividades, podrían generar numerosas molestias a la fauna o facilitar el furtivismo.
Por otro lado, la instalación de 13 aerogeneradores de enormes dimensiones, podría dificultar el despliegue de los medios de extinción aéreos necesarios para intervenir en un hipotético incendio forestal en la zona (considerada por la Junta de Castilla y León como ZAR, zonas de alto riesgo de incendios forestales), una problemática que ya ha sido descrita con anterioridad.
Cabe señalar también que, de llevarse a cabo el proyecto eólico, se sumaría al fotovoltaico Valentina (ya aprobado en terrenos del ayuntamiento de Asturianos), en un posible caso de fragmentación para facilitar la aprobación de ambos sin tener en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos conjuntos; de hecho, ambos proyectos compartirían línea de evacuación, subestación y área de instalación. Respecto al fotovoltáico, Ecologistas en Acción ya denunció ante la Fiscalía irregularidades en la aprobación de dicho proyecto en terrenos de uso comunal sin que se hubiera producido desafectación o autorización pertinente, por lo que solicitó al Ministerio la nulidad de su aprobación.
Por último, recordar que este tipo de instalaciones industriales no solo fragmentan el paisaje y alteran ecosistemas frágiles, sino que suponen un nuevo obstáculo para el desarrollo de iniciativas sostenibles ligadas al turismo rural, al ecoturismo, la astronomía, la agricultura, la micología, la apicultura o la ganadería extensiva. Además, el efecto nocivo sobre la despoblación se acentuaría en la zona, que está sufriendo, como ocurre con otras áreas de la provincia, los impactos ambientales, paisajísticos y culturales derivados de este modelo industrial cuestionable.
Asociaciones y colectivos firmantes y que apoyan la nota de prensa:
“Ecologistas Zamora”, “Zamora Viva”, “Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica”, “CryoSanabria”, “Huerto del Pozo”, “Amigos de Espadañedo”, “Comunales del Pueblo Son”, “Zamora en Transición”, “Activistas de Palabras”, “Cabrera Despierta”, “Villar del Monte: Vida, costumbres y tradiciones”, “Alta Valduerna, natural y sostenible”, “Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde”, “Terras Altas de Trevinca”, “Plataforma Defensa Merindades” y “Defensa Valle Esgueva”
Allí estuvo Ecologistas Zamora con numerosas socias y activistas expresando nuestro apoyo a una convocatoria nacional muy necesaria. Se adjunta el manifiesto presentado el día anterior por la coordinadora provincial Zamora en Pie, convocante de la manifestación. Nos hubiera gustado participar en su redacción y que se hubiera incidido más sobre la burbuja de las macrogranjas de la ganadería industrial porcina, a la que estos proyectos vienen a amparar y potenciar, además de embolsarse dinero de todos en forma de subvenciones públicas. Pero si se lee con atención, la denuncia de la estrecha relación de todos los proyectos extractivos está presente, por lo que nos centramos en lo más importante:
LA NECESIDAD DE IR TODAS Y TODOS UNIDOS EN ESTA LUCHA VECINAL EN LA QUE LA CIUDADANÍA ZAMORANA Y DE TODA LA ESPAÑA VACIADA ESTÁ LEVANTANDO CABEZA ANTE ESTA INVASIÓN DE MIERDA, OLORES, RUIDOS Y MOSCAS SIN OTRO FIN QUE EL LUCRO PRIVADO ESPECULATIVO.
Desde Ecologistas Zamora queremos suponer que ya están ustedes al tanto del proyecto de factoría de biometano que la empresa BIORIG ENERGY quiere construir en SAN CEBRIÁN DE CASTRO (ZAMORA), en la misma linde de la vía férrea Ruta de la Plata. (JCyL, expediente 018-24-AAZA)
En la documentación de solicitud de autorización ambiental, que ha salido a información pública en el mes de abril de 2025, se pone de manifiesto que las parcelas en las que quieren construir la factoría LINDAN con la misma vía férrea del tren Ruta de la Plata. Los promotores se amparan en el actual estado de la vía en ese lugar, prácticamente desmantelada, para hablar de “abandono”, y con tal argumento se han dirigido a ustedes para que no sea de aplicación en el lugar lo que marca la ley al respecto.
Desde su creación por tramos a finales del siglo XIX hasta su cierre en 1986, este eje fue considerado como estratégico y trascendental para las comarcas del Oeste Peninsular –gran parte de ellas integran ahora de la España Vaciada-. Un eje que, de norte a sur, enlazaba personas y transportaba mercancías vitales para la economía de cuatro comunidades y nueve provincias, además de varios puertos de mar importantes. Abandonar esta comunicación ferroviaria ha sido uno de los grandes errores socioeconómicos del país, más aún cuando los sucesivos gobiernos, lejos de rectificar y reparar el error, persistieron en cuestionar su oportunidad e importancia.
Tras las reiteradas Declaraciones de Emergencia Climática, que abogan por una urgente reducción de Gases de Efecto Invernadero, esta Recuperación del tren entre Cádiz Sevilla-Huelva y Gijón resulta incuestionable, porque el planeta y la sociedad exigen eficiencia en el transporte de personas y mercancías para enfriarlo, dándole prioridad al ferrocarril frente a otras formas de movilidad.
La reapertura de esta vía como eje estratégico es una sentida reivindicación y una apuesta por un tren público, social y sostenible como centro del sistema de movilidad y transporte multimodal. Entendemos que es indispensable tanto para la dinamización socioeconómica y territorial del conjunto del Estado, especialmente de las zonas deprimidas y en proceso de despoblación del Oeste Peninsular. Este eje ferroviario contribuirá a la necesaria descarbonización del sector del transporte y afrontar la emergencia climática, afirmando que, si el tren siempre fue necesario, ahora es urgente para vertebrar el territorio y enfriar el planeta.
Los promotores del proyecto mencionado tratan de ignorar los muchos años de lucha reivindicativa por la apertura de esta vía de comunicación que toda la sociedad zamorana, lo mismo que la de todas las provincias por las que pasa esta vía, viene desarrollando para conseguir su recuperación. Así lo han entendido de forma UNÁNIMEtodas las fuerzas políticas sin exclusión, agentes económicos y sociales, e instituciones como la Diputación Provincial. De esto se da cuenta, como podrán comprobar, en la alegación nº 13 de las 17 que hemos presentado, con numerosos enlaces a noticias de prensa.
Por todas estas razones, y en la misma línea que otras asociaciones, apelamos a la responsabilidad social de ADIF y al mismo sentido comúnpara que se deniegue la solicitud de la empresa BIORIG ENERGY para construir una planta de biometano en la misma linde de la vía férrea Ruta de la Plata a su paso por San Cebrián de Castro (Zamora), lo que vendría a significar una vuelta de llave más al cerrojazo de la una línea férrea fundamental para un futuro con protagonismo del tren en las comunicaciones.
En respuesta a una petición por parte de Ecologistas Zamora sobre los proyectos de instalación de industrias macro renovables en el municipio, el alcalde de Trabazos, Sr. Javier Faúndez, reconoce «que está habiendo comunicaciones con empresas del sector respecto a este asunto» y añade: «lo cierto es que las mismas se encuentran en una fase muy inicial, y no han llegado a materializarse hasta este momento en nada oficial».
Aunque la asociación no duda de la legalidad de estas comunicaciones con empresas, a partir de este hecho se abren nuevos interrogantes, pues estas comunicaciones solo pueden producirse sobre determinados terrenos que el ayuntamiento pueda ofrecer en alquiler, es decir: terrenos públicos, lo cual precisaría de la redacción de unas bases de licitación, que deberían ser aprobadas en pleno para a continuación ser publicadas de manera oficial para facilitar la concurrencia competitiva.
Es por esta causa, que Ecologistas ha pedido la copia de los pliegos de licitación al comprobar que no existe aprobación en pleno ni publicación alguna en este sentido, considerando que las ofertas que pueda realizar el ayuntamiento en temas tan relevantes y públicos no deben hacerse sin antes establecer las condiciones en las que se circunscriben esas ofertas.
Por otra parte, a esta asociación le preocupa que estas comunicaciones se estén llevando a cabo sin la suficiente transparencia, teniendo en cuenta que, presuntamente, los terrenos que se van a ofrecer tienen un uso público en la actualidad.
Se debe recordar que La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece la obligación de publicidad de las licitaciones públicas para garantizar la transparencia y la competencia en la contratación. Esta publicidad se realiza a través de la publicación en el perfil del contratante en la plataforma de contratación del sector público.
Además, Ecologistas Zamora quiere llamar la atención sobre la necesidad de establecer debates previos que involucren a amplios sectores de la población y en los que se tengan en cuenta las opiniones a favor o en contra de la pertinencia de estos macro proyectos industriales que, tal y como se está viendo, están afectando a la provincia de Zamora de forma muy grave, perpetuando el colonialismo energético y poniendo en riesgo muchos proyectos de vida sostenible, así como el regreso a la zonas rurales.
Esta intervención pretende eliminar una enorme higuera de más de 25 años que se desarrolla en la cuesta de Santa Lucía tras sobrevivir a una poda radical anterior, y acaba con refugios y lugares de reproducción de especies amenazadas y protegidas.
Enmarcadas en el “Plan director de las murallas de Zamora” y financiadas por el Ministerio de Cultura, las obras de restauración iniciadas en la muralla suponen un peligro para la flora y fauna instalada en esta infraestructura del patrimonio histórico de la ciudad. Desde Ecologistas Zamora nos sorprende la ausencia de sensibilidad ambiental de este proyecto, cuyo desarrollo está restando biodiversidad y generando una pérdida de herramientas estratégicas (como la presencia vegetación o fauna autóctona) para que la ciudad pueda adaptarse al cambio climático y sea más habitable.
Un ejemplo de la incompatibilidad de esta intervención es la prevista retirada de una enorme y espléndida higuera que se desarrolla -desde hace más de dos décadas-, en el tramo de muralla que baja a la plaza de Santa Lucía. Su inminente retirada elimina un icono del arbolado urbano del casco antiguo y ha generado un enorme descontento para muchos vecinos de la ciudad, que no ven con buenos ojos su eliminación. Además, este singular árbol aporta refugio, un punto de alimentación y un hábitat de nidificación para numerosas especies de fauna y, mantiene un gran atractivo para el entorno urbano. La eliminación de esta enorme higuera requerirá probablemente, del empleo de herbicidas químicos, un método más que cuestionable por sus posibles impactos en la salud humana de los ciudadanos; además, teniendo en cuenta que en la zona mana agua de origen subterráneo, los efectos de estos productos pueden dispersarse y ser mayores. En el tramo de muralla donde se desarrolla la higuera, también se va a eliminar un saúco.
Por otro lado, las obras de restauración de la muralla están eliminado numerosas oquedades donde existen centenares de refugios y lugares de reproducción de especies amenazadas y protegidas como el murciélago rabudo y el murciélago común, el vencejo común, la grajilla occidental, la salamanquesa común y las lagartijas de pared. Además -y esto es más grave- la intervención se está realizando en plena época de reproducción de muchas de estas especies, destruyendo de esta manera puestas, nidos o crías; indudablemente, esta situación vulnera la legislación ambiental autonómica, regional, estatal o europea en materia de conservación de la naturaleza. Esta situación, debería corregirse con medidas compensatorias, como refugios de murciélagos y cajas nido para las aves afectadas.
Desde Ecologistas Zamora consideramos importante mantener el patrimonio histórico, pero cualquier actuación debe ir acompañada de una completa integración con los elementos naturales que habitan estas infraestructuras. Pensamos que estos ecosistemas creados en torno a las murallas deben ser respetados en cualquier toma de decisiones de restauración actual, ya que se tratan de espacios llenos de vida que conviven con nosotros y que, además, hoy son objeto de la mayor atención y sensibilidad en el contexto de la actual crisis climática que afecta a nuestra supervivencia. De otra manera, con estas intervenciones estamos cometiendo el error de reducir la biodiversidad de nuestras ciudades, un elemento también imprescindible, cada vez más demandado por los zamoranos y que contribuye a mejorar la calidad del espacio urbano, al tiempo que ayuda a mitigar el aumento de la temperatura.
Las alegaciones presentadas sobre el proyecto en fase de consultas previas, expresan una serie de preocupaciones fundamentadas en aspectos económicos, ambientales, sociales y de seguridad
Se argumenta en primer lugar que esta infraestructura es innecesaria, ya que no existe una demanda clara y suficiente de hidrógeno verde en Europa para justificar su construcción. Los estudios e informes, como el del Tribunal de Cuentas Europeo, indican que los objetivos de producción e importación de hidrógeno fijados por la Unión Europea parecen basarse en motivos políticos más que en análisis rigurosos y realistas. Además, se señala que la demanda prevista para 2030 no alcanzaría los niveles inicialmente propuestos, lo que podría traducirse en una inversión pública y privada que no tendría retorno, resultando en un despilfarro de recursos.
En segundo lugar, se cuestiona la necesidad de invertir fondos públicos en un proyecto de estas características, sugiriendo que estos recursos podrían emplearse mejor en alternativas más eficaces y probadas, como la electrificación directa, el autoconsumo, la mejora de la eficiencia energética y el impulso a comunidades energéticas. La prioridad, según estas alegaciones, debería ser reducir la dependencia de tecnologías costosas e ineficientes, y enfocar los esfuerzos en sectores donde la electrificación y otras soluciones puedan ser más efectivas y sostenibles.
Otra preocupación importante es que el proyecto parece seguir una estrategia que mantiene la dependencia del gas fósil, mediante técnicas como el «blending» o mezcla de hidrógeno con gas natural. Esto podría prolongar la utilización de combustibles fósiles en lugar de avanzar hacia una transición energética genuina y limpia. La experiencia de empresas como Enagás y REN indica que estas mezclas no prevén un uso exclusivo de hidrógeno verde en el futuro cercano, lo que pone en duda la verdadera finalidad del gasoducto.
Asimismo, se destaca que el hidrógeno, como vector energético, presenta una eficiencia limitada para su uso en transporte o generación de energía, debido a las pérdidas significativas en cada etapa del proceso, desde la producción mediante electrólisis, hasta su transporte y conversión final en electricidad. Esto hace que su uso sea poco eficiente y costoso, especialmente en comparación con otras tecnologías.
La único interés que Ecologistas Zamora sospecha que existe realmente es el de justificar otras infraestucturas de macro renovables igualmente desafortunadas, por su nula planificación y la desmesurada ocupación de territorios, unas energías, por otra parte, que precisan de una importante fuente fósil, como es el gas natural, para estabilizar la tensión a través de centrales de ciclo combinado. En este sentido, Ecologistas Zamora ha solicitado recientemente una moratoria sobre la concesión de nuevas licencias a estas industrias mientras no se oriente la producción hacia una forma más distribuida, más comunitaria y más razonable de producción.
El transporte de hidrógeno a largas distancias también resulta muy costoso y poco eficiente, con riesgos asociados como fugas que pueden tener impactos negativos en el clima, dado que el hidrógeno es un gas de efecto invernadero indirecto. La producción de hidrógeno a gran escala requiere extensos recursos de suelo y agua, lo que puede afectar ecosistemas, biodiversidad y actividades agrícolas tradicionales, además de poner en peligro hábitats protegidos y zonas de gran valor ecológico, como la Reserva de la Biosfera «Meseta Ibérica» y otras áreas de biodiversidad.
Desde el punto de vista social y de seguridad, se expresan preocupaciones sobre los posibles riesgos de accidentes, fugas, explosiones y molestias durante la construcción y operación del gasoducto. La presencia de maquinaria pesada, ruidos y polvo puede afectar la calidad de vida de las comunidades cercanas. Además, la infraestructura puede representar un riesgo para la salud, especialmente en caso de fugas o fallos en las instalaciones, y puede generar inseguridad en las comunidades, que además no han sido consultadas adecuadamente.
Por todo ello, las alegaciones concluyen que, en base al principio de precaución medioambiental, es necesario detener y reevaluar este proyecto. Se solicita realizar estudios exhaustivos sobre su viabilidad futura, impacto social y económico, y alternativas más sostenibles y eficientes. La prioridad debe ser proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad de las comunidades y promover soluciones energéticas que realmente contribuyan a una transición energética justa y efectiva.
Ecologistas Zamora se felicita por la enorme movilización vecinal que están suscitando proyectos como este en toda la provincia, que ha dado lugar a la creación de la federación de plataformas “Zamora en Pie”, y agradece particularmente a la Asociación Sanfonpi en Pie la aportación de información para completar estas alegaciones.
En sus alegaciones, Ecologistas Zamora destaca el tamaño desmedido de esta macro factoría, cuyas dimensiones exceden los mínimos razonables para una economía circular y de proximidad.
La desproporción de la balsa de digestato en una ya declarada Zona Vulnerable por nitratos en Castilla y León, hace inútil el principio de precaución frente a las medidas de control detalladas en el proyecto, comprometiendo de forma irreversible los acuíferos.
En esta dirección, Ecologistas Zamora pone sobre alerta la proximidad a la Reserva Natural “Lagunas de Villafáfila”, que engloba una zona ZEPA, y a dos espacios IBA, lo que significa un atentado al medio ambiente, con un fuerte impacto sobre la flora y fauna.
Esta asociación destaca así mismo, la oleada de proyectos de biogás y biometano que está configurando el mapa de la provincia como una gran burbuja, con un futuro problemático desde el punto de vista económico. Si todos los proyectos de biogás y biometano se aprueban, no va a haber “mierda” suficiente, con lo que el “efecto llamada” será inevitable, uniéndose a otros efectos perversos (disputas por la paja y resto de materias orgánicas, guerra de precios y condiciones de vida de los animales, cierres de pequeñas explotaciones tradicionales, etc).
Además, cabe destacar que el proyecto afecta no solo a San Cebrián de Castro, sino también a todos los municipios colindantes, a los que se les priva de su capacidad de decisión.
Otras consideraciones son: la falta de garantías de continuidad y futuro de una miniempresa de 3.000 euros de capital, que podría no hacerse cargo del desmantelamiento llegado el caso; y la pérdida de valor urbanístico de los pueblos de la zona. También destaca el elevadísimo tráfico de camiones de gran tonelaje (133 diarios) por carreteras comarcales y caminos locales que se generará, además de los ruidos, olores y emisiones, con el consiguiente deterioro de los frágiles firmes de las infraestructuras, pero también de la habitabilidad de la zona.
Todo ello, según Ecologistas Zamora ahondará el malestar social entre los vecinos, pues una de las consecuencias será la cancelación de proyectos alternativos de futuro, contribuyendo penosamente a la aceleración del despoblamiento.
Calle Rosalía de Castro, Vigo (28 de abril de 2025) Fotografía tomada durante el apagón eléctrico que dejó una gran parte de España sin suministro la noche del 28 de abril de 2025. Procedencia: Wikipedia CC.
El caos vivido el 28 de abril de 2025 se recordará con un fracaso en la posibilidad de estabilizar la red eléctrica mediante energías que dependen de condiciones ambientales muy variables.
Desde hace tiempo es conocido que las llamadas energías renovables, eólicas y solares, están provocando un exceso de producción eléctrica en determinadas condiciones atmosféricas, que no puede ser estabilizado si no es con otras de carácter constante, como es el gas o la hidroeléctrica. La consecuencia de esta desmesura es, por una parte, un desajuste en la red eléctrica, y por otra que continuamente se desperdicien millones de kilovatios cuando estas industrias han de parar para no provocar colapsos en el sistema. Esto explicaría, por ejemplo, el porqué vemos eólicos sin funcionar en días de viento, o el porqué industrias fotovoltaicas dejan de verter energía a la red en horas de mucho sol.
Por el contrario, el coste ambiental de esta falta de planificación es tremendo. Se masacran los paisajes, se industrializan grandes áreas con una importante biodiversidad, se cercena el uso agrícola del suelo, se arrancan olivos centenarios o se frustran los deseos para volver a un pueblo que dejó de tener atractivos para una vida sana. Todo ello para cubrir la ambición desmedida de determinadas empresas y aprovechar las subvenciones europeas.
Por si fuera poco, estas energías apenas están surtiendo un efecto positivo en la crisis climática, la cual sigue imparable. Se ha de tener en cuenta que solo un veinte por ciento de la energía que usamos es eléctrica, y también todo el coste ecológico y de emisión de gases invernadero tanto en la fabricación como el transporte; además de los residuos que generan, con una vida útil relativamente escasa, cifrada en un par de décadas.
Da la impresión, por otro lado, que todo este despliegue sin control tiene un fin último que la ciudadanía no conoce, y que podría estar relacionado con un previsible aumento del consumo de electricidad por parte de industrias que aún no se han instalado en nuestro país de forma masiva, como son los centros de datos. Sobre esta cuestión, Ecologistas Zamora advierte de los peligros de entrar en una dinámica de espiral donde cada vez se precise un mayor consumo para justificar las inversiones.
Ecologistas Zamora solicita a la Junta de Castilla y León, y al gobierno central, una moratoria consistente en paralizar las nuevas autorizaciones de energía renovable hasta que no exista una regulación efectiva de la producción energética de esta procedencia. Esta regulación debería implicar el tope a una producción descontrolada pero también la confección de un mapa de zonas antropizadas donde estaría permitido el desarrollo de estas fuentes de energía, priorizando un sistema de producción de cercanía y comunitario, mediante el uso de espacios degradados y cualquier otro de carácter urbano, como pueden ser los tejados.
De forma distributiva y en cercanía es la mejor manera de regular la energía de forma eficiente, y este sería el único modo que permitiría hacer compatible este desarrollo con la conservación del medio ambiente.
